Opinión - Fernando Urrea

El primero de julio de 2018 debe de entrar en vigor la nueva directiva europea de viajes organizados. En realidad, como directiva ya está aprobada desde hace tiempo, pero en 2018 acaba el tiempo para que los países integrantes de la Unión Europea, España entre ellos, hagan su transposición de la norma y entre realmente en vigor. Es entonces cuando el sector empieza a preocuparse. No es sólo una característica que la siempre imprevisora España: también en Alemania, Italia y Francia empiezan ahora a preocuparse por los efectos de esta directiva.

El fondo del problema es que Europa se ha puesto a legislar algo que nadie pedía que fuera regulado. No había ninguna demanda social pidiendo una nueva legislación en los viajes organizados. Como sabemos, tras prestarse el servicio, los ciudadanos tienen el derecho de denunciar a los proveedores de los servicios y llevarlos a los tribunales. Pero tampoco había una saturación judicial por esta razón, simplemente porque los mayoristas tienden a resolver de forma consensuada y pacífica los problemas en el servicio. Cuando una autoridad se mete en un terreno no conflictivo, hay mucho riesgo de que deje las cosas peor de lo que las ha encontrado.

Aquí el gran lío es cómo se compensa al viajero cuando hay un fallo en el servicio. El fallo en el servicio en viajes tan complejos como estos es consustancial porque hay demasiados factores que inciden en el éxito, casi todos fuera del alcance del mayorista. Desde los controladores a los aparatos, desde el transportista al maletero, desde el mal tiempo a una amenaza de bomba, asegurar absolutamente el cumplimiento de las exigencias previstas en el contrato es muy complicado. O directamente imposible. Lo importante es la intención de resolver los problemas y paliarlos con sentido común. El viajero, una vez está con las maletas por el mundo, tampoco pide más que poder retomar su viaje normalmente.

Pero Europa se aproxima a estos problemas con la chequera de los mayoristas en mano. Si hay un retraso, indemnización; si hay un fallo, dinero. Es una forma de ver estos viajes. Pero no es siempre lo más razonable, porque ni cobrando el viajero se queda contento. Cuando uno va de viaje, no siempre prefiere el dinero. La solución real, con el menor impacto, suele ser la prioridad. Pero Europa ha introducido un criterio que cuesta dinero y que va a influir en el precio de los viajes. Como muy bien dice un directivo español, eso supone viajes más caros para todos, también para quienes no tienen incidentes. ¿Era eso lo que buscaban los clientes de los viajes turísticos? ¿Queríamos que, a cambio de unas magníficas indemnizaciones, todo fuera más caro?

Pero hoy discutir esto es un tanto absurdo porque la directiva ya está aprobada; el tiempo de las reclamaciones ha pasado y todo se limita a ver si la transposición es lo menos complicada. Pero la transposición es eso, una copia de lo que hizo Bruselas, sin que se pueda cambiar mucho. O nada. Al menos, nada de lo que es sustancia. De forma que nos encaminamos a un modelo de viajes europeos mucho más reglamentista, mucho más caro, con muchos más seguros, pero menos funcional.

Es lo que tiene meter burócratas en un proceso que hasta ahora se desarrollaba con normalidad, salvo en unos pocos casos que también se dirimían pacíficamente en los tribunales.

Fuente: Preferente.com

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