Por Willian J. Bracho

Sin duda alguna las playas constituyen uno de los más importantes recursos naturales de un país, sobre todo para aquellos que basan su oferta turística internacional en el producto sol y playa. En general, las playas más demandadas son aquellas de oleaje suave, transparencia de sus aguas, limpieza de su entorno y existencia de servicios turísticos; sin embargo, para ciertos deportes extremos la existencia de olas frecuentes y altas es un requisito particular.

Venezuela, un hermoso país con más de 4.000 km de costas, incluyendo el territorio continental e insular, posee una gran variedad de playas que tradicionalmente han sido aprovechadas en mayor o menor grado para la recreación popular, el turismo interno y el internacional receptivo.

Los Roques, La Tortuga, Coche, los parque nacionales de Mochima y Morrocoy, y otras localidades de los estados Falcón, Sucre, Aragua y Nueva Esparta, poseen playas de altísima calidad, algunas de ellas con gran demanda todo el año, tanto de recreacionistas como de turistas; otras como las playas de Miranda y Anzoátegui, no tan cristalinas como las antes citadas, también son masivamente visitadas, pero fundamentalmente por recreacionistas.

Los problemas más comunes que enfrentan las playas venezolanas son la contaminación de sus aguas, el mantenimiento de su entorno, la inexistencia o baja calidad de los servicios turísticos conexos, y la seguridad de personas e instalaciones, temas todos directamente asociados a la gestión de estos espacios y a la educación y concientización de los usuarios.

Desde la década de los 70´s se han publicado diversos instrumentos legales y reglamentarios que han buscado crear un marco para la gestión de los espacios costeros; ejemplo de ellos son: las Normas sobre el Funcionamiento de Balnearios, publicadas en marzo de 1956, la Ley de Conservación y Saneamiento de Playas del año 2000, sustituida por la Ley de Zonas Costeras (2001), las varias versiones de la Ley Orgánica de Turismo; la Ley Orgánica del Ambiente (1976), la Ley Penal del Ambiente (2012), las varias ediciones de la Ley Orgánica de Régimen Municipal; y los Reglamentos de Ordenación y Uso de los Parques Nacionales; entre otros. Sin embargo, este importante conjunto de normas no ha logrado sistematizar la gestión de estos recursos naturales, y en muchos casos, en vez de lograr la conjugación de esfuerzos entre los diferentes niveles y órganos de la administración centralizada y descentralizada, ha generado una anarquía que mantiene contaminadas o mal mantenidas la mayoría de las áreas playeras del país. Uno de los ejemplos más patéticos es el de la limpieza de las playas, donde en vez de crear un sistema donde se concientice al usuario a depositar su basura en recipientes colocados a tal fin; donde exista un ente o empresa responsable de recoger diariamente dicha basura y trasladarla a basureros municipales para que finalmente sean recogidas por camiones apropiados y llevadas hasta rellenos sanitarios o centros de reciclaje, lo que se hace es limpiarla manual o mecánicamente en ciertas épocas de temporada de visitantes, sin importar que se vuelvan a ensuciar casi inmediatamente, y que muchos de los desechos que allí se acumulen vayan a parar a las aguas de mar, lagunas o ríos. Si a esto le sumamos la ausencia o insuficiencia de plantas de tratamiento de aguas negras para evitar que estas lleguen a los ríos, lagunas o mares, es fácil concluir lo importante de una gestión conjunta entre los diversos entes públicos y el sector privado.

Por otra parte, los balnearios públicos, que en mucho contribuían al mantenimiento de las playas, han desaparecido ya que no se les permite cobrar por los servicios al usuario, bajo la interpretación errada de que las playas son públicas. Una cosa es el libre acceso a las playas, y otra que los servicios conexos cobren una pequeña tarifa para poder ser sostenibles, me refiero a piscinas, espacios para guardar las pertenencias de los usuarios, alquiler de sillas y sombrillas, estacionamientos y otros conexos.

La experiencia ha demostrado que, si no hay una contraprestación monetaria a dichos servicios, no se mantiene la continuidad ni la calidad de estos. Naiguatá, en el estado Vargas, por años tuvo el mejor balneario público de Venezuela, pero luego de la errónea interpretación del libre acceso, se perdió totalmente la calidad de servicios que allí se brindaba.

En la medida que en Venezuela logremos desarrollar una verdadero sistema de gestión de playas y balnearios que garantice la calidad de los mismos, sentaremos las bases para que crezca la recreación popular, el turismo interno y el aprovechamiento de esta oferta por parte de los visitantes internacionales.

Willian J. Bracho, MSc.

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