Tras cumplir con todos los procedimientos establecidos en el Marco de Varsovia para REDD+ bajo la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), Panamá avanza un paso relevante para aplicar al pago por resultados del Fondo Verde para el Clima (FVC).
El FVC es un mecanismo financiero importante para implementar REDD+, que ha puesto en marcha un sistema de pago por las reducciones de los gases de efecto invernadero, denominado pago por resultados, cuyo objetivo es recompensar económicamente a los países en desarrollo por la reducción verificada de las emisiones o absorciones de gases de efecto invernadero.
Para acceder a estos pagos, los países requieren contar con sistemas robustos de medición, reporte y verificación (MRV) de las actividades REDD+, además de demostrar capacidad de responder a las salvaguardas ambientales y sociales en el marco de REDD+, para asegurar que el dinero desplegado logra reducciones y beneficios reales.
En este sentido, el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) trabajó con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), a través del proyecto “Preparación de marcos estratégicos y financiamiento climático para reducir la deforestación y la degradación de los bosques, y guiar la inversión del Fondo Verde para el Clima en Panamá” (PREMAREF Panamá), financiado por el FVC, en la elaboración de los documentos estratégicos para el cumplimiento de los cuatro pilares del Marco de Varsovia requeridos por la CMNUCC:
1) Contar con una Estrategia Nacional REDD+ (ENREDD+)
2) La presentación de los Niveles de Referencia Forestales (NRF)
3) Manual de Medición, Reporte y Verificación (MRV)
4) Sistema de Información de Salvaguardas (SIS)
Podrá encontrar más información sobre estos documentos en el siguiente enlace: https://redd.unfccc.int/submissions.html?country=PA
Además, Panamá presentó su primer Resumen de Información de Salvaguardas para el periodo 2009-2021. La CMNUCC reconoce tres fases que deben cumplir los países que deciden de manera voluntaria implementar el mecanismo REDD+ en sus territorios: i) preparación, ii) implementación y iii) pagos basados en resultados.
REDD+, es un compromiso consolidado en el Acuerdo de París como la principal iniciativa internacional de mitigación de gases de efecto invernadero (GEI) para incentivar a los países a proteger sus bosques.
Marco de referencia
Panamá inició su fase 1 de preparación para REDD+ en el año 2011, y a través del proceso ha sido apoyado por el Programa ONU-REDD, el Fondo Cooperativo del Carbono de los Bosques (FCPF por su sigla en inglés) del Banco Mundial y la FAO.
Durante la fase de preparación, MiAMBIENTE realizó un proceso de consulta amplia con diversos actores clave, incluyendo afrodescendientes, pueblos indígenas, campesinos, academia, sector privado, gobierno y ONG.
El pago por resultados por la reducción de emisiones relacionadas con los bosques tiene el potencial de mejorar los medios de vida de las personas que viven o dependen de los bosques y los recursos forestales.
Datos importantes:
El país cuenta con 68% de cobertura boscosa en el territorio nacional. Además, es uno de los tres países carbono negativo del mundo, lo que significa que el país absorbe más dióxido de carbono (CO2) de la atmosfera del que emite.
Los pilares del Marco de Varsovia son un componente integral para la implementación efectiva y sostenida de las actividades de REDD+, contribuyendo a mejorar la transparencia de los procesos de MRV, además del respeto y abordaje de las salvaguardas REDD+.
Su estructura apunta a la integridad ambiental y resultados tangibles, que es un elemento fundamental para medir, informar y verificar (MRV) las emisiones y remociones de gases de efecto invernadero de las actividades de REDD+ y vincularlas con el financiamiento basado en resultados.
Promueve la centralización a nivel nacional, vinculando los procesos de MRV con las obligaciones de presentación de informes de los países en desarrollo en virtud de la CMNUCC.
Fortalece las respectivas capacidades, y reconociendo la soberanía y la legislación nacionales, las obligaciones y los acuerdos internacionales pertinentes, respetando las consideraciones de género y participación de pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes.
