Hace apenas un mes, Nueva York asestó un golpe durísimo a Airbnb tras la aprobación de una medida que limita al máximo el alquiler de corta duración. El ejecutivo de la ciudad ha prohibido las estancias menores a 30 días, con la única excepción de que se alojen en habitaciones cuando el propietario de la vivienda se encuentre en la casa.
Según cuenta el diario La Información, no se prohíbe su presencia, pero las medidas impuestas hacen que deje de ser rentable operar de la misma manera en la ciudad. El motivo detrás de esta decisión es el deseo de frenar la llegada de turistas, así como mitigar el alza desmesurado del precio del alquiler.
Ahora, Airbnb trabaja para que este movimiento no sirva de ejemplo para otros grandes destinos. La plataforma se aferra a Bruselas, que, aunque se ha mostrado partidaria de regular las viviendas turísticas, también ha corregido las medidas propuestas por algunas regiones.
Es el caso de Irlanda, que planeaba una ley para limitar su actividad y paliar la falta de vivienda, pero la Comisión Europea le avisó de varias deficiencias. Algo similar ocurrió en Portugal, donde Bruselas se encuentra al tanto de los movimientos en este sentido.
Pero lo cierto es que cada vez más países buscan reducir la presencia de Airbnb. En Italia, Venecia ya ha impuesto restricciones al alquiler de corta duración, al tiempo que el gobierno nacional ya trabaja en una ley que regule los pisos turísticos, y Roma y Milán avanzan de manera independiente.
Por su parte, Ámsterdam ha limitado a treinta noches al año el número que pueden alquiler los propietarios. Algo similar ocurre en Londres, aunque con una mayor flexibilidad (90 noches al año). Asimismo, Portugal ya no concederá más licencias a los alojamientos, y hará revisiones de las mismas cada cinco años.
Mientras tanto, España parece no reaccionar. Solo Barcelona parece tener algo de mano dura con la prohibición de alquilar habitaciones privadas a corto plazo y la presencia de un equipo especializado que detecta ofertas ilegales.