La Asociación Panameña de Hoteles (APATEL) emitió el pasado 2 de noviembre un comunicado informando sobre las graves pérdidas económicas que ha sufrido el sector turístico de Panamá debido a las protestas y cierre de calles a nivel nacional. Estas protestas son en contra de la ley 406, que aprueba el contrato de concesión minera celebrado entre el Estado y la Sociedad Minera Panamá, S.A.
Según APATEL, estas manifestaciones han llevado a la cancelación de reservas tanto de turistas nacionales como internacionales, en una de las épocas de mayor ingreso para el sector. Hasta el próximo mes de enero se estima que se han cancelado más de 68,000 reservas, incluyendo la realización de congresos y convenciones, así como la llegada de turistas.
Las pérdidas registradas hasta ahora ascienden a US$200 millones, de los cuales US$13 millones corresponden al sector hotelero. En destinos turísticos como la provincia de Chiriquí, las cancelaciones para las fiestas patrias han llegado al 90%, mientras que en Bocas del Toro alcanzan el 60% y en Santa Catalina el 90%. En la ciudad capital, la ocupación hotelera ha caído un 25% en algunos hoteles, con cancelaciones que se extienden hasta enero de 2024.
La Asociación Panameña de Hoteles respalda el derecho de los manifestantes legítimos a reclamar un mejor Panamá, siempre y cuando lo hagan de manera pacífica y respetando los derechos de los demás. Sin embargo, también repudian la represión injustificada y la infiltración de delincuentes que cometen actos de vandalismo.
En su comunicado, APATEL hace un llamado al Gobierno Nacional, incluyendo la Asamblea Nacional, para que escuchen y acaten prontamente la voluntad popular, protegiendo los intereses de la Nación. También se unen a otros gremios del país en su solicitud a la Corte Suprema de Justicia para que emita un dictamen sobre las demandas de inconstitucionalidad que pesan sobre la ley 406, sin dilaciones que prolonguen el actual estado de confrontación nacional.
Finalmente, hacen un llamado a las autoridades legislativas para que se abstengan de tomar acciones que obstaculicen la tarea de los Magistrados.