El 11 de marzo de este año, la presidenta del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), Verónica Zambrano Copello, comunicó a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización y a la Gerencia de Asesoría Jurídica, que presentaran un “texto alternativo” que interpretará el contrato suscrito con el concesionario del aeropuerto Jorge Chávez, Lima Airport Partners (LAP).
La disposición Zambrano se debía a que el Consejo Directivo de Ositran no había aprobado los informes de ambas gerencias porque consideraban que no había interpretación del contrato. LAP había solicitado no entregar un solo terminal para los pasajeros del aeropuerto sino uno doble, diferente al diseño original.
Por lo tanto, mediante un memorando circular, la presidenta del Consejo Directivo solicitó a las gerencias que redactaran una propuesta acorde con lo que ella había requerido. Según el documento, el Consejo Directivo de Ositran tiene la última palabra en cuanto a la interpretación de los contratos.
“Corresponde al Consejo Directivo, en única instancia administrativa, interpretar los contratos de concesión (por lo que) se les solicita alcanzar el texto alternativo que conforme a las instrucciones del Consejo Directivo he venido coordinando con ustedes desde el día de ayer”, señala Verónica Zambrano.
Al respecto, en un reciente informe de Orientación de Oficio, la Contraloría General de la República comunicó al Consejo Directivo de Ositran que no había tomado en cuenta los informes de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización y la Gerencia de Asesoría Jurídica, que se oponían a interpretar el contrato de LAP, con el propósito de que se acceda al requerimiento de la concesionaria para hacer un diseño del terminal de pasajeros distinto al que se había acordado.
El Consejo Directivo de Ositran también contrató dos asesorías externas, después que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización y la Gerencia de Asesoría Jurídica emitiera sus propios informes que no fueron de satisfacción de las autoridades del organismo.
Sin embargo, los consultores al parecer coincidieron con las conclusiones de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización y la Gerencia de Asesoría Jurídica: aceptar un doble terminal es un cambio de diseño y por lo tanto una modificación del contrato de concesión. Por este motivo, las consultorías no fueron tomadas en cuenta.
Cuando la Contraloría hizo público el informe de la Orientación de Oficio, señalando que el Consejo Directivo de Ositran debería tomar en cuenta los reportes de sus cuadros especializados, las autoridades respondieron que todo estaba conforme a ley.
Según Ositran, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) solicitó “una interpretación del contrato de concesión del aeropuerto Jorge Chávez”, y que el Consejo Directivo “decidió que no cabía interpretar el referido contrato, pues consideró que no existía ambigüedad en las cláusulas”.
Y añadió que si se planteaba alguna modificación, “corresponderá al MTC su aprobación, pudiendo decidir mantener la existencia de un único terminal, si así lo considerase conveniente”.
Sin embargo, según el memorando de Verónica Zambrano, el Comité Directivo consideró que existía la eventualidad de modificación del contrato, porque supuestamente el cambio sería a favor de los usuarios.
Dice: “Los miembros del Consejo Directivo han coincidido conceptualmente en que existe claridad en el contrato de concesión, en lo que respecta a la posibilidad que el concesionario (LAP) solicite al concedente (MTC) modificaciones de su plan maestro, en cualquier momento de la vigencia de la concesión, siempre que estas modificaciones sean ventajosas para la operación del aeropuerto y que redunden en un beneficio directo para el público usuario, por lo que resulta innecesario proceder a una interpretación (del contrato)”.
Para la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), la Contraloría debe adoptar una postura concluyente frente al intento de LAP de pretender cambiar el contrato.
“En un comienzo, LAP destacó los beneficios y maravillas de usar un terminal único. Pero en 2020, debido a la pandemia cae la demanda y LAP se lava las manos y busca cambiar las reglas y pide ahora un doble terminal. Se debe revisar la legalidad del acta de acuerdos entre LAP y el MTC porque es un cambio a las condiciones del contrato”, dijo el presidente de AETAI, Carlos Gutiérrez Laguna.
Para LAP, el acta de acuerdos que suscribió con el MTC “se ha centrado únicamente si la operación del aeropuerto con uno o más terminales se enmarca dentro de lo establecido en el contrato de concesión”.
Seguidamente insistió en que “la alternativa más conveniente es la operación de dos terminales para ofrecer la mejor experiencia a todos los usuarios”, indicó LAP.
Pero falta la última palabra de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), del Ministerio de Transportes.
“El COVID-19 se usa como pretexto”
“La Contraloría está haciendo bien al cuestionar un acta (entre LAP y el MTC) con el que se pretende modificar los alcances del contrato. Una modificación del contrato de concesión no se debe hacer mediante la firma de un acta sino mediante la firma de una adenda donde se analiza el equilibrio económico y financiero de la concesión misma”, expresó Martín La Rosa, Country Manager Peru & Bolivia, de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA por sus siglas en inglés).
